PROSA APRISA - ARTURO REYES ISIDORO

** POR FIN, DENUNCIA FORMAL, NO MEDIÁTICA


Sin estruendo, pero con la formalidad que el caso requiere, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez presentó ayer denuncia formal en contra de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares por “irregularidades” en el Sistema Estatal de Videovigilancia.
Los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Eric Cisneros Burgos y Hugo Gutiérrez Maldonado, respectivamente, se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para hacer la acusación penal, y en declaraciones mencionaron el presunto delito de peculado por más de 300 millones de pesos de recursos federales, adelantando que preparan otras cinco denuncias ante los fueros federal y estatal.
No es la primera de la administración cuitlahuista contra la yunista, pero sí la que más parece tocar directamente al exgobernante porque aunque había un titular del ramo fue el propio Yunes Linares quien asumió el manejo directo de la política de seguridad y la hizo de vocero de la dependencia.
En el boletín oficial en el que se dio cuenta de la denuncia, presentada en la Ciudad de México, se cuidaron muy bien de especificar que es “contra quien resulte responsable”. Se mencionó que la irregularidad se cometió “en la administración que presidió Miguel Ángel Yunes Linares” pero para nada se dijo que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública era Jaime Téllez Marié, de quien parece que nadie se acuerda ya.
En los datos que se aportaron, se informó que el gobierno anterior reportó una inversión total de mil 100 millones de pesos pero que resultó que únicamente funcionan y con deficiencias mil 695 de 6 mil 324 cámaras (solo 28 por ciento), y que de “los dispositivos” instalados (no se especifica en qué consisten) hay 4 mil 354 cámaras sin operar, equivalente al 72 por ciento que no funciona, además de que faltan por instalar 275 cámaras del total contemplado.
Se dieron detalles: en Fortín, de 676 cámaras instaladas ninguna funciona; en Poza Rica, de mil 120 solo funcionan 10; en Cosoleacaque, de 990 solo trabajan 62; en la región de Xalapa, de mil 228 solo están útiles 339, no sirviendo 879; en Pánuco, de 380 solo funcionan 88, y solo Veracruz, donde gobierna el hijo del exgobernador, Fernando Yunes Márquez, de mil 631 sirven mil 196.
Fue el propio titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la FGR, Alberto Antonio Valle Gay, quien recibió la documentación, se informó.
El procedimiento usado esta vez sugiere que o ya aprendieron en el gobierno cuitlahuista, o que ya están aprendiendo, o que fueron y están bien asesorados porque buscaron la vía formal en lugar de concretarse a las denuncias mediáticas, que no tienen ningún efecto legal y solo hacen ruido, sirven para el escándalo.
Esta vez se vio bien el secretario Cisneros Burgos, quien se había decantado por litigar en los medios pero no había procedido formalmente acudiendo ante una instancia legal, con documentos que aportaran pruebas.
Llama la atención también que a diferencia de Yunes Linares, quien asumió en forma directa la denuncia mediática contra su antecesor Javier Duarte de Ochoa, esta vez Cuitláhuac García Jiménez ha optado por mantenerse alejado del asunto dejando que sean sus subalternos quienes procedan.
Igualmente, que por lo que se presume, basan sus denuncias en las anomalías o irregularidades que han encontrado en la documentación y en deficientes o inoperantes equipos que encontraron, en obras no realizadas o no concluídas, mientras que el anterior gobernador la hizo de investigador y localizó y grabó clandestinamente a presuntos cómplices de Duarte y cobró notoriedad mediática cuando filtró parte del resultado de su trabajo.
Yunes llegó incluso a anunciar que tenía información que iba a “cimbrar” al país, pero nunca dio a conocer nada que cumpliera con su amago.
Todo indicaría que estamos ante un nuevo capítulo en la guerra entre el gobierno entrante y el que salió, tal como sucedió en el pasado inmediato anterior, que dio como resultado el encarcelamiento del exgobernador Duarte, pero ajusticiado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), no por la instancia estatal.
El resultado ahora es impredecible porque tendrá que resolver no la Fiscalía General del Estado, a cuyo titular se le sigue considerando afín al exgobernador, sino la FGR que, por más que se diga que no, responde al gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador, enemigo público de Miguel Ángel Yunes Linares.
Al exgobernador le esperarían tiempos inciertos si la instancia federal decide darle curso en forma rápida a la denuncia y si procede girando alguna orden de comparecencia a “quien resulte responsable”, sea el propio Yunes, Téllez Marié, Guillermo Moreno Chazzarini, exsecretario de Finanzas, o cualquier funcionario de la administración anterior.
El baile, pues, y no de salsa, está por comenzar. Esta vez la denuncia no ha sido ante la Fiscalía estatal, donde no se sabe en qué van las denuncias que ya se presentaron. En la Fiscalía federal las cosas pueden tomar otro rumbo.
Creo que la denuncia formal es el mejor camino para terminar con los pleitos políticos que tanto dañan a la tranquilidad social de Veracruz. Si hay culpables probados, que se castiguen con estricto apego a la ley; si no, que cese la guerra mediática que solo distrae la atención de los grandes y graves problemas que se padecen.
Lo deseable es que Cuitláhuac García se dedique a gobernar y que no ocupe su tiempo, que es de los veracruzanos, a emprender un acoso personal contra su antecesor, como este, a su vez, hizo contra el suyo. El interés de la población está por encima de un pleito político personal, y al bienestar de todos sus paisanos debe dedicar toda su atención y su esfuerzo. Veracruz quiere y pide vivir, por fin en paz. Que la FGR haga lo suyo.